Esta Ley que marca la Reforma para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, tiene como principales reveses para los Ayuntamientos:
- Quita competencias en beneficio de las Diputaciones (vulnera los artículos 137 y 140 de la CE), que pasan a prestar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios con el consiguiente encarecimiento de los servicios y despido de los trabajadores municipales.
- Establece mecanismos de tutela y subordina a los Ayuntamientos a otras Administraciones (provincial, autonómica y estatal) en materia de cuentas y estabilidad presupuestaria invadiendo así, la Autonomía Local.
- Vulnera el principio democrático en el ámbito local. Medidas económicas y financieras que no se aprueben por pleno, pueden ser aprobadas por Junta de Gobierno Local.